¿Qué es la vivienda de oportunidad?

Las implicaciones de esta legislación se extenderán por todas las comunidades de nuestra Commonwealth: en Pensilvania, casi 3 millones de personas tienen antecedentes penales. Fair Chance Housing es una herramienta importante para reformar el sistema de justicia penal de nuestro estado, para luchar contra el encarcelamiento masivo y en la lucha más amplia por la equidad y la justicia.

La legislación de Pensilvania sobre vivienda justa se inspira en las leyes de San Francisco, Seattle y Richmond (California).

Cómo funciona la vivienda de oportunidad

Prohíbe a los proveedores de viviendas de alquiler investigar los antecedentes penales de los solicitantes.

Con el statu quo, el roce de una persona con la ley puede convertirse fácilmente en una cadena perpetua accidental que afecte a su capacidad para encontrar vivienda durante décadas después de haber cumplido su condena. Este proyecto de ley convertirá la búsqueda de antecedentes penales en una forma de discriminación e impedirá que los propietarios lo hagan.

Refuerza los derechos de los inquilinos.

Los inquilinos con antecedentes penales, y los inquilinos cuyos familiares tengan antecedentes penales, estarían legalmente protegidos contra la discriminación y el desalojo injusto. Esto significa que los familiares pueden mantener a sus seres queridos tras salir de prisión, y que todas las personas con antecedentes penales tienen la oportunidad de reintegrarse en la sociedad.

Por qué funciona la vivienda de oportunidad

Corta el ciclo de la falta de vivienda y el encarcelamiento.

Las personas excarceladas tienen muchas más probabilidades de quedarse sin vivienda que la población general. En las entrevistas realizadas a personas excarceladas y a sus familiares, casi 8 de cada 10 afirman que se les ha denegado la vivienda a causa de una condena penal, y el acceso a una vivienda asequible y a salarios dignos figuran a menudo entre los principales factores que habrían mantenido a las personas fuera de la cárcel en primer lugar.

Lucha contra el racismo sistémico.

Las personas de color tienen muchas más probabilidades que los blancos de sufrir desahucios y quedarse sin vivienda en Estados Unidos, como consecuencia de siglos de racismo estructural que ha excluido a los negros y pardos de la igualdad de acceso a la vivienda, el apoyo comunitario y la movilidad económica. Además, el sistema de justicia penal se ha cebado desproporcionadamente con los negros y pardos: aunque representan el 19% de la población general de Pensilvania, la Comisión de Pensilvania sobre Delincuencia y Crimen descubrió que los residentes negros y pardos representan el 31% de las detenciones realizadas en nuestro estado.

Lucha contra la discriminación LGBTQIA+.

Los miembros de la comunidad LGBTQIA+ están sobrerrepresentados en todas y cada una de las etapas del sistema de justicia penal, empezando por la participación en la justicia juvenil cuando eran niños, y continuando por el arresto, el encarcelamiento y la libertad condicional. En Pensilvania, este impacto desproporcionado del sistema de justicia penal choca con la falta total de protecciones estatales para los miembros de la comunidad LGBTQIA+ en materia de empleo, vivienda y servicios básicos.

Ayuda a los hijos de ex reclusos y a la reunificación familiar.

Para los niños, la inseguridad en la vivienda conlleva una mayor probabilidad de que sus redes sociales se desarraiguen, su aprendizaje se vea interrumpido y estén expuestos a condiciones estructurales inseguras en su unidad de vivienda.

En los casos en que los niños no viven con un progenitor excarcelado, los estudios han revelado que una vivienda estable permite a los progenitores recibir a sus hijos con más frecuencia y desempeñar un papel más activo en sus vidas mediante la creación de un entorno seguro en el que pasar el tiempo.

Libera fondos para inversiones comunitarias de larga duración.

Las comunidades gastan 40.000 dólares al año por cada persona que experimenta la falta crónica de vivienda, y gran parte de este dinero se gasta en servicios de crisis, incluyendo detenciones y encarcelamientos y visitas a urgencias y al hospital. El acceso a una vivienda segura y asequible reducirá estos costes para que las comunidades puedan invertir en servicios de apoyo más amplios para los residentes, en lugar de esperar a que se produzca una crisis.

Estabiliza los barrios.

Los barrios y comunidades estables son cruciales para el bienestar y la seguridad económica de las familias, y la estabilidad de la vivienda es fundamental para la estabilidad de la comunidad. Una vivienda estable puede fomentar el compromiso cívico, el éxito económico y el sentido de pertenencia.

Promueve la seguridad en todas las comunidades.

Conectar a las personas anteriormente encarceladas con el acceso a una vivienda estable está reconocido como una herramienta para disminuir eficazmente la delincuencia y reducir los costes asociados a ella. Tanto el encarcelamiento como la falta de vivienda pueden limitar gravemente las oportunidades económicas de una persona. Cuando una persona tiene acceso a una vivienda segura y asequible, está en mejores condiciones de encontrar un empleo y de recibir servicios de apoyo. Los datos demuestran lo que todos sabemos instintivamente que es cierto: promovemos la seguridad en las comunidades asegurándonos de que satisfacemos las necesidades de todas las personas que las componen, empezando por la necesidad básica de vivienda.